Donde el Estado de Derecho se disuelve entre decretos inconstitucionales, violencia institucional y complicidad local.
La población aún no logra asimilar la ola represiva vivida en Bocas del Toro a manos de la Fuerza Pública, cuando de forma sorpresiva se publica el Decreto Alcaldicio No. 02 del 3 de julio de 2025, que impone un toque de queda en el distrito de Changuinola, este acto merece un análisis jurídico profundo y una revisión desde la perspectiva de los derechos humanos, tanto por su forma, como por su contenido y consecuencias.
Luego de que el Órgano Ejecutivo decretara un Estado de Sitio por diez días en toda la provincia, resulta reprochable e inconstitucional que, en un intento por evadir el control constitucional, se utilice políticamente a la Alcaldía de Changuinola para emitir un decreto que excede las competencias legales del gobierno municipal y viola abiertamente la Constitución Política de la República, especialmente en lo relativo a los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Con la emisión de este decreto, la Alcaldía de Changuinola incurre en un claro abuso de autoridad y en una extralimitación de funciones, es previsible que, ante un eventual proceso penal por este grave e intolerable atentado contra la ciudadanía, ni el Órgano Ejecutivo, ni la Fuerza Pública a quienes pretende encubrir esta norma inconstitucional, asuman responsabilidad alguna ni respalden a los firmantes en su defensa legal.
Tenemos que preguntarnos cómo es posible que, tras un decreto ejecutivo que suspendió las garantías constitucionales por diez días durante los cuales, pese al apagón digital, hoy salen a la luz múltiples abusos y violaciones de derechos humanos, además se pretenda mantener un estado de sitio de facto en Bocas del Toro, recurriendo para ello a una autoridad local sin competencia constitucional en abierta contradicción con el orden jurídico panameño.
Las medidas autoritarias como el toque de queda en Bocas del Toro, además de ser inconstitucionales, agravan la crisis social y económica al paralizar la producción, impedir ingresos a los trabajadores informales y debilitar la organización comunitaria, en lugar de atender las causas del malestar, el Estado responde con represión, profundizando la exclusión y la desesperanza en una provincia históricamente olvidada.
Llamamos la atención del país ante una situación alarmante, mientras las autoridades nacionales y municipales continúen ignorando abiertamente los límites que impone la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos, lo que hoy ocurre en Bocas del Toro y que los medios de comunicación, sectores políticos y empresarios corruptos intentan encubrir corre el riesgo de reproducirse en todo el territorio nacional, esta realidad no puede ni debe ser normalizada.
La falta de independencia de las autoridades locales y la sumisión al Órgano Ejecutivo, las convierte en cómplices directos de actos represivos, caracterizados por un profundo desprecio por la vida humana y por un racismo estructural que, históricamente, ha golpeado con especial dureza a las poblaciones indígenas y afrodescendientes, particularmente en las provincias de Bocas del Toro, Colón y Darién.
Ante este escenario, urge que la ciudadanía, los defensores de derechos humanos, los intelectuales comprometidos y todos los sectores conscientes del país eleven su voz de denuncia, frente a esta flagrante violación del Estado de Derecho y de los principios constitucionales que hoy sufre el pueblo bocatoreño.
Asimismo, exigimos a los órganos de control del Estado, la Corte Suprema de Justicia, la Procuraduría de la Administración y el Defensor del Pueblo (si aún existe en la práctica) que asuman con firmeza y responsabilidad el rol constitucional que les corresponde, la actual violación de las garantías fundamentales tiene un responsable directo, la manipulación del poder por parte del Órgano Ejecutivo, personificada en la figura de José Raúl Mulino.