Panamá, 23 de diciembre de 2024
Señores
Miembros de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social
Asamblea Nacional de Diputados
Señores diputados:
Mucho se ha dicho de la falta de sustento técnico de quienes hemos presentado propuestas a la modificación de la Ley 51 que rige la Caja del Seguro Social (CSS), al punto que el propio Presidente José Raúl Mulino ha insultado y denigrado las opiniones de quienes hemos acudido a la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social a sustentarlas y a cuestionar el contenido del proyecto de ley 163, a cuya campaña de denigración se han sumado el director de la CSS, el señor Dino Mon, así como los ministros Felipe Chapman y Fernando Boyd Galindo, en su afán por imponer un proyecto que en nada favorece a los trabajadores panameños, aunque sí favorece al capital financiero que, con ansias, confía en poder usufructuar de los fondos de los asegurados, configurando así una conducta de desesperación e imposición. Por ello, aunque la sustentación de nuestra propuesta se hizo en la “mesa de escucha” de la Presidencia, y la hemos divulgado en distintos medios, la CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL INDEPENDIENTE (CONUSI) decidió presentar, otra vez, ahora en esta nota, el sustento técnico de nuestra propuesta, al mismo tiempo que cuestionamos la coherencia y rigurosidad científica de la propuesta del Ejecutivo.
El consenso de 10 de las 11 organizaciones que participamos en la “mesa de escucha” de la presidencia, fue que se retornara al Sistema Solidario, al Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), cuestión que también se ha manifestado en la mayoría de las intervenciones de quienes han expresado su opinión ante la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social. La propuesta del Gobierno-Mon, sustentada por los economistas del CONEP (que fue la única organización que abogó por las cuentas individuales en aquella mesa de trabajo), fue presentada con argumentos técnicos que, al igual que los análisis realizados por algunos diputados, adolecen de precisión, obvian datos relevantes y desconocen los fundamentos científicos del análisis actuarial. Los proponentes del Gobierno-Mon insisten en alargar la edad de jubilación a los 65 años sin atender las particularidades de las mujeres trabajadoras, a quienes se les pretende imponer 57 años de edad como requisito para obtener una pensión mínima injusta.
Estructuramos esta presentación en tres apartados:
- Primero abordamos las cuentas individuales, base de la propuesta del Ejecutivo, y explicamos por qué produce pensiones inferiores.
- Segundo, presentamos comentarios críticos a la «sustentación financiera» que la CSS entregó a los diputados de la Comisión.
- Tercero, exponemos los resultados actuariales haciendo uso del modelo actuarial de la OIT.
Mostramos los resultados actuariales de la propuesta del Gobierno-Mon y la de CONUSI, concluyendo, por un lado, que no es necesario asumir el esquema fallido de las cuentas individuales, como tampoco aumentar la edad de jubilación, y por otro lado, la conveniencia de retornar al Sistema Solidario, al Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD), para los trabajadores y la estabilidad social del país, porque significa mejores pensiones. Se deduce, igualmente, la necesidad de introducir cambios estructurales en el modelo económico para darle mayor soporte al régimen pensional.
EL SISTEMA DE PENSIONES DE CUENTAS INDIVIDUALES PRODUCE PENSIONES INFERIORES AL SISTEMA SOLIDARIO (SEBD)
Cada uno de los Programas de la CSS debe estar dirigido al bienestar de los asegurados. En cuanto al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el objetivo mínimo es otorgar mejores pensiones, que permitan tener una calidad de vida al pensionado, y otorgarla en edad que pueda disfrutarla. Pero debe procurar, también, ampliar la cobertura, es decir, que cada vez más trabajadores puedan llegar a jubilarse cumpliendo todos los requisitos. Esto supone estabilidad laboral y buenos salarios para que tengan una pensión digna. Hoy día, los varones logran aportar un promedio de siete (7) cuotas por año. Las mujeres aportan menos: 6.5 cuotas. En el 2005 eran 10.5 para los varones y 10 para las mujeres. Actualmente, unos y otros deben trabajar más años para poder jubilarse, debido a la inestabilidad laboral, pero, además, cada día llevan una vida más precaria por las dificultades para llevar el sustento a su hogar. Es decir, permanentemente se conculca el principio de progresividad que emana de los derechos humanos.
Si de lo que se trata es de otorgar mejores pensiones para los asegurados, insistimos, el modelo económico propuesto por el Ejecutivo es insostenible, como se plantea en el proyecto de Ley 163. Enumeramos algunas razones:
1- Este experimento fallido lo ha documentado muy bien la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el estudio «La reversión de la privatización de las pensiones: Reconstruyendo los sistemas públicos de pensiones en Europa Oriental y América Latina (2000-2018)» publicado en diciembre de 2019, y puede referirse al caso de 18 países donde el modelo de cuentas individuales fue reversado a sistemas públicos de pensiones. Puede acceder al estudio en: https://www.social-protection.org/gimi/gess/Media.action?id=16776 o consultando directamente el análisis realizado en la “Valuación Actuarial de la CSS en Panamá”, de diciembre de 2019, considerando hechos hasta el año 2022.
2- Las cuentas individuales, al sustentar la pensión en los salarios individuales de los trabajadores y sus “aportes” respectivos, calcula la pensión en base al historial de salarios y no el de los siete (7) o diez (10) mejores años, como contempla el Sistema Solidario, denominado Sistema Exclusivo de Beneficio Definido (SEBD) tanto en la ley previa al 2005, como en la ley 51 del mismo año, respectivamente. Tal procedimiento de cálculo reduce las pensiones, por la razón obvia, que al inicio de la vida laboral los salarios son inferiores a los existentes al momento del retiro, por lo que aquellos aportes son menores.
3- Las pensiones son inciertas en tanto que dependen del rendimiento de las inversiones que realizan los administradores de los fondos de pensión, quienes, además, deducen el cobro por la administración, haya rendimiento o no, y en caso de hacer inversiones fallidas eluden cualquier responsabilidad con los afectados.
4- Contrariamente, el Sistema Solidario, es decir, el Sistema Exclusivo de Beneficio Definido, se denomina “Definido”, porque hay claridad del monto con el cual el trabajador se va a jubilar. La actual legislación establece que cumplidas 240 cuotas y la edad de 57 años las mujeres y 62 años los varones, la pensión corresponde al 60% del salario promedio de los 10 mejores años, más 1.25% por cada 12 cuotas adicionales pagadas por encima de las 240 cuotas. ¿Cómo se paga? Por un lado, es una solidaridad intergeneracional. Las pensiones de quienes se jubilan hoy son pagadas con los aportes de los que actualmente están trabajando, de la misma forma que los jubilados de hoy, en su momento pagaron las jubilaciones de quienes tuvieron ese beneficio cuando ellos laboraban. Por otro lado, para pagar las pensiones se hace un Fondo Común que aportan todos los trabajadores, el gobierno y los patronos, sin importar cuánto ha aportado individualmente el trabajador, y sin considerar los bajos salarios de los primeros años de su vida laboral.
Sobre este tema, los actuarios y quienes promueven las cuentas individuales, tienden a recurrir a la demografía y al envejecimiento de la población, y afirman que actualmente hay menos cotizantes por jubilado y que en el futuro serán todavía menos. Esto puede ser cierto, pero lo que sostiene el Sistema Solidario (SEBD) es la masa salarial y no el número de cotizantes. Si la masa salarial aumenta como para compensar la disminución de cotizantes, el argumento aludido carece de relevancia. De hecho, el argumento de los actuarios y los promotores de las cuentas individuales, está suponiendo que los salarios serán tan bajos como ahora y que la concentración del ingreso y la riqueza continuará aumentando. Por tanto, la cuestión se centra en la política económica, en el modelo económico, el cual debe promover la productividad del trabajo al mismo tiempo que el aumento de los salarios promedios en función de la productividad del trabajo, con empleos permanentes, para que los trabajadores no solo aporten 6 o 7 cuotas, sino que aporten 12 cuotas al año, lo que haría crecer el Fondo Común. Pero, además, el aporte del trabajador a la sociedad es la creación permanente de riqueza, pero sucede que debido a un modelo económico concentrador de la riqueza y excluyente socialmente, ese aporte a la sociedad se le retribuye con muy bajos salarios, y otros se quedan con la mayor parte de la riqueza que han creado los trabajadores.
Contrariamente, el sistema individual funciona como un “ahorro”, y como se sabe, el ahorro depende del ingreso, y personas con bajos salarios aportaran poco, y al final son penalizados por sus bajos salarios de los años iniciales, por lo que sus pensiones tienden a ser precarias. Tomar en cuenta que el salario mínimo promedio ponderado es de 650 balboas, y que la mitad de los trabajadores reciben 735 balboas o menos.
5- Aún con el Sistema Solidario (SEBD), las pensiones actuales son precarias, y lo serán aún más con las cuentas individuales, como muestran los estudios que se han realizado al respecto, y entre cuyas razones están las previamente mencionadas. La gráfica siguiente muestra el nivel de las pensiones que reciben los trabajadores actualmente. (Fuente: CSS, 2023)
Pero, detallando los datos encontramos que el 50%, la mitad de los jubilados, reciben pensiones de 400 balboas y menos, con el agravante que las mismas van perdiendo su capacidad adquisitiva debido a que no son ajustadas por el costo de la vida. Repetimos; esta situación se agravará si se instauran las cuentas individuales. Contrariamente, debemos fortalecer el Sistema Solidario a fin de otorgar mejores pensiones a los trabajadores.
6- El proyecto de ley 163 que el Ejecutivo ha presentado a la Asamblea Nacional, busca que solo exista el sistema de pensiones basado en cuentas individuales, extinguiéndose los otros. Mostramos en gráfica este fenómeno.
La propuesta del Ejecutivo proyecta que en el año 2069 habrá la última aportación de los salarios del Sistema Mixto. El Sistema Solidario lo habrían liquidado antes, terminando lo que iniciaron en el 2005.
Pero los datos entregados a los diputados por parte del director general de la CSS, también muestra otra inconsistencia. De cumplirse su escenario de pensiones, para el año 2108 la participación de los salarios en el PIB será de 3%, lo cual es absolutamente absurdo. Ello muestra que aunque fuese financieramente sustentable la propuesta, socialmente no es sostenible porque ninguna población del mundo soportaría semejante concentración del ingreso y de la riqueza. Aclaramos de paso, que no es correcto hablar de sustentabilidad financiera para el sistema de pensiones basado en cuentas individuales, porque allí cada quien se jubila con lo que puede aportar y el rendimiento que consigan quienes administren los fondos. El sistema se autofinancia aunque las pensiones sean de miseria. Además, considerar lo que se llevan las administradoras de los fondos que, en países como México y Costa Rica, fueron equivalentes a 5 años de cotización de los trabajadores.
7- La disyuntiva, por tanto, es, tener un Sistema de Seguridad Social Solidario o Individualizar todavía más la Seguridad Social del país, propiciándose la privatización y el sálvese quien pueda. Por ello, cualquier “modificación” del proyecto 163 supone hacer un proyecto nuevo que restablezca el Sistema Solidario, que unifique el sistema de pensiones restableciendo el SEBD. La deficiencia esencial del proyecto 163 es su enfoque individualista de la Seguridad Social y de las pensiones, por tanto, podrán hacérsele cambios pero solo serán cosméticos, y al final, se condenará a la población a peores pensiones, siendo las existentes ya muy bajas.
COMENTARIOS A LA “SUSTENTACIÓN FINANCIERA” ENTREGADA POR LA CSS A LOS DIPUTADOS
A raíz de la exigencia de los diputados de la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social para que el director de la CSS entregara el sustento financiero de la propuesta presentada, por fin fueron entregados. Los datos en Excel aparecen en el archivo denominado “CORRIDA ACTUARIAL EQUILIBRIO REFORMA PROY 163.xls”, sin las fórmulas respectivas, lo cual obligó a que fueran rehechas. Se entregará en archivo separado, aunque manteniendo los datos originales para que se puedan comparar. Las observaciones:
1- La documentación entregada solo se refiere al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), y nada dice sobre los programas de Administración, Enfermedad y Maternidad y de Riesgos Profesionales. En sentido estricto, tal sustentación financiera, con respecto a servicios específicos de atención a los asegurados, así como las demandas por Riesgos Profesionales, también debió presentarse.
2- El modelo actuarial que se ha utilizado para las salidas que la CSS entregó a los diputados de la Comisión, es espurio, ilegítimo, en tanto el señor Dino Mon reclama su autoría y derechos de autor. Un modelo actuarial personal no puede utilizarse para sustentar una ley del país. Cualquier modelo utilizado debe ser institucional, o de la CSS o de otros organismos internacionales que son especialistas en el tema de pensiones, sin que ello excluya la discusión de las variables, ponderaciones y supuestos que contiene el modelo, porque todo modelo condiciona los resultados. Pero, debe estar claro que un modelo personal no puede ser utilizado para el propósito a que se aboca la Comisión.
3- El escenario de la CSS utiliza como punto de partida el producto interno bruto (PIB) de 2022, cuando debe utilizar el de 2023 ya que esta estadística existe en el Instituto de Estadística y Censo (INEC) de la república de Panamá. (adjuntamos archivo del INEC). En la documentación entregada por el señor Mon no existe explicación de tal proceder. Adelantándonos a la posible explicación de los proponentes, que se usó el PIB del año 2022 porque el aporte del Estado (1.17%) se establece en base al PIB del año anterior, y el escenario inicia en el 2023, señalamos que tal explicación sería irrelevante porque el aporte del Estado en el porcentaje en cuestión inicia en el año 2025. El aporte del Estado de 2024, que consigna el archivo entregado, solo corresponde al fideicomiso (140 millones) y 20.5 millones para cubrir “las fluctuaciones o posible disminución de la tasa de interés de las inversiones…”.
El cambio del punto de partida, utilizando el PIB correcto, el del año 2023, produce resultados drásticamente diferentes en cuanto a las reservas acumuladas. Solo este cambio resulta en reservas superiores en 285 mil millones de balboas, manteniendo iguales todas las variables restantes utilizadas por la CSS. Tal equívoco no puede ser subestimado. Adjuntamos gráfica correspondiente. Los datos que las sustentan se adjuntan en dispositivo usb.
3- El crecimiento del PIB corriente utilizado para la proyección tampoco se explica. Se utiliza el 4% de crecimiento, con una tasa de inflación de 1.5%, lo que supondría un crecimiento del PIB en términos reales de 2.5%, asumiendo que la inflación se mida por el deflactor del PIB y no por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Tampoco esto está claro, pero se infiere que se utiliza el IPC para medir la inflación, el cual es usualmente inferior al deflactor del PIB, y de ser así, el crecimiento del PIB real proyectado sería todavía menor al 2.5% anual.
Referencia al crecimiento del PIB se encuentra en el archivo “2024.11.22: Presentación modelo actuarial – Dino Mon.pptx¨ (transparencia No. 8), de los documentos entregados por la CSS a los diputados. Allí se presenta una gráfica, sin eje horizontal definido, con numeración del 1 al 13 (se supone corresponde a los años), y tasas de crecimiento del PIB corriente, las cuales superan por mucho el 4% que se asume. Igual ocurre con la inflación (transparencia No.7). Tampoco hay claridad de la metodología con la cual hicieron la ¨proyección¨, pero cualquier proyección respetable debe considerar largos períodos de tiempo, sobre todo que el estudio de pensiones es de largo plazo. Las series históricas del PIB corriente, así como de la inflación, para el período 1970-2023, muestran crecimientos promedios que superan el 7% para el PIB y el 2% para la inflación, incluso analizando dichas variables para períodos 1980-2023 y 1992-2023.
Los datos históricos sugieren un crecimiento del PIB real de 4.5% anual y de la inflación, medido por el deflactor del PIB, de 2.2%, lo que resultaría en un PIB corriente histórico de 6.7%, bastante distante al escenario que dice sustentar la parte financiera de las pensiones, contenida en el proyecto de ley 163.
El supuesto del 4% de crecimiento del PIB corriente solo se corresponde con los años de crisis económicas (1974-1976, 1987-1989, 1994-1996, 2000-2002, 2008 y durante la pandemia, años 2020-2021), lo cual implica un supuesto muy pesimista, carente de sustento científico. Equivaldría a suponer que en el horizonte de tiempo 2023-2108, la economía de Panamá estaría permanentemente en crisis. El crecimiento histórico del PIB registrado por el INEC, a valores reales y corrientes, lo mostramos en la gráfica siguiente.
El supuesto pesimista del 4% del PIB a valores corrientes tiene enormes implicaciones en los resultados. Para evaluarlo hemos supuesto un punto porcentual adicional (5%), y el resultado es que las reservas aumentan a 2, 602,987 millones de balboas (2.6 billones). Si se aumenta el PIB corriente a 6%, las reservas se elevan a 5,447,537 millones de balboas (5.4 billones), y si el escenario es de 6.7%, las reservas alcanzarían los 8,632,877 millones de balboas (8.6 billones).
¿Por qué, entonces, se utilizan escenarios tan pesimistas? Si se utilizan escenarios más realistas surge la pregunta, por qué migrar al sistema de cuentas individuales si hay suficientes reservas para cubrir las pensiones del Sistema Solidario (SEBD). ¿Con mejores pensiones? ¿Quién administraría semejante cantidad de millones? Al parecer conviene presentar un escenario pesimista, para no enfrentar preguntas “incómodas”, pese a que en tal escenario se reconoce que habrá reservas en el año 2108 de 650,660 millones de balboas, aún con los supuestos pesimistas del escenario presentado por el señor Dino Mon. Situación similar hicieron en el 2005 para justificar la reforma, pero en el 2006 cambiaron totalmente el escenario.
La CONCLUSION resultante también sería obvia; Unificar las pensiones en el Sistema Solidario (SEBD), que produce mejores pensiones, sin necesidad de aumentar la edad de jubilación, ya que el aumento de 3 puntos porcentuales de aporte a los patronos y el aumento del aporte del Estado a 1.17% del PIB, son más que suficientes para la sostenibilidad del Sistema, en las condiciones presentadas por el gobierno-CSS-Mon.
LOS RESULTADOS HACIENDO USO DEL MODELO ACTUARIAL DE LA OIT
El movimiento obrero, y otras organizaciones sociales, convinimos en solicitarle a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la utilización de su modelo actuarial con la base de datos que a insistencia se nos fue entregada en la denominada “mesa de escucha”. Esto en razón que la base de datos que se entregó estaba en formato de texto, y debía ser trabajada con programas que, además, hicieran posible la modelación de las pensiones. La OIT había realizado un estudio para Panamá, con corte en el 2019 y entregado en 2022, para lo cual requirió depurar y actualizar la base de datos de la CSS.
Los resultados que muestran las salidas de los escenarios que fueron solicitados a la OIT que introdujera en su modelo actuarial, corrobora lo que hemos afirmado previamente, pero además muestra otros resultados de gran importancia.
Como se recordará, en la “mesa de escucha” en la Presidencia, 10 de las 11 organizaciones que participamos, propusimos el regreso al Sistema Solidario, al SEBD, pero el Ejecutivo-Mon, tenían ya su decisión de promover el Sistema de Cuentas Individuales, tal como en el 2005, Dino Mon y Roberto Brenes (actual asesor del presidente Mulino), las habían presentado a nombre de CONEP, y fue la propuesta que el gobierno de Martin Torrijos aprobó, resultado en la Ley 51, causal del problema que nos avocamos resolver ahora.
De manera que CONUSI presentó las variables de su propuesta y señaló que deseaba evaluar con el modelo actuarial de la OIT, pero asumiendo la unificación de las pensiones en el Sistema Solidario. Todas las corridas que hizo la OIT se basaron en este supuesto; volver al Sistema Solidario. Ya los técnicos de la CONUSI habían avanzado algunos resultados, utilizando datos del estudio de 2019 de la OIT para Panamá, que fueron presentados en la “mesa de escucha”, pero se deseaba someter a prueba el resultado haciendo uso del modelo actuarial de la OIT.
Pero, también se le solicitó a la OIT que corriera la propuesta del gobierno, con las variables presentadas por Dino Mon, pero unificando el sistema de pensiones en uno solo; el Sistema Solidario, para comparar los resultados. Aquí presentamos, primero, el escenario del gobierno-Mon.
a) Modelo actuarial de la OIT, con las variables del gobierno-Mon, asumiendo el regreso al Sistema Solidario.
El escenario solicitado fue el siguiente: PIB corriente de 4%, tasa de inflación 1.5%, crecimiento de los salarios y pensiones en 1.5%, rendimiento de inversiones 5%, que es lo que plantea el gobierno-Mon. La diferencia es que nuestra propuesta es consolidar las pensiones en el Sistema Solidario y el gobierno-Mon propone las cuentas individuales.
Los resultados del modelo actuarial de la OIT muestran que la propuesta del gobierno-Mon se ahorra 436,782 millones de balboas en pagos de pensiones, lo que equivale a robarle esa suma a los pensionados, a los trabajadores. La propuesta se fundamenta en producir enormes reservas pero a costa de pagar menores pensiones, aunque la propaganda dice que la propuesta contenida en el proyecto de ley 163 dará mejores pensiones. Pues, el modelo de la OIT dice todo lo contrario.
En cuanto a los resultados del escenario del gobierno-Mon con el modelo de la OIT, se muestra que las reservas alcanzarían hasta el año 2074, teniendo déficits de 0.75% del PIB durante 2075-2089, para luego que las reservas recobren su tendencia ascendente.
El déficit mencionado se corrige en cuando se asume un crecimiento del PIB corriente más realista del 5% o el 6%, y se reafirma la tendencia a aumentar, confirmándose que no se requiere de las cuentas individuales, que claramente le roba a los jubilados para trasladarlos al capital financiero, como tampoco es necesario subir la edad de jubilación, e incluso, las reservas podrían ayudar a mejorar la tasa de remplazo.
b) Modelo actuarial de la OIT, con las variables de CONUSI, asumiendo el regreso al Sistema Solidario
La propuesta de la CONFEDERACION NACIONAL DE UNIDAD SINDICAL INDEPENDIENTE (CONUSI) hace énfasis en las características estructurales que explicaban las precarias pensiones que reciben los trabajadores, así como los problemas financieros del sistema de pensiones. Planteamos políticas de empleo y salarios, empleos permanentes y mejorar la distribución del ingreso, para mejorar las aportaciones a las reservas. Que la participación de los salarios en el PIB mejore para el año 2034 de 22.7% en 2023 a 30%. Que el Estado aumente su participación, de 0.5% a 3.5% de manera progresiva para el año 2034, así como los patronos equiparen el aporte que hacen los trabajadores de 9.25%, ya que el patrono aporta solo 4.25%. Mejorar el rendimiento con inversiones productivas y no especulativas, que la banca oficial pague mejores tasas de interés, fortalecer el programa de préstamos personales e hipotecarios a los jubilados y cotizantes, erradicar la morosidad de los patronos e impedir la evasión de las cuotas. Estos dos últimos aspectos tienen nefastas implicaciones para los asegurados y futuros pensionados, por lo que se hace urgente sancionar severamente tales prácticas. La morosidad aumentó de 141 millones en el 2005 a 345 millones para 2023. La evasión de cuotas capitalizadas se estimó en más de 6,000 millones de balboas hasta 2019. Así mismo planteamos que algunas actividades aportaran directamente para fortalecer las reservas, como era trasladar parte del Fondo de Ahorro de Panamá, que es resultado de la privatización de las empresas estatales, pero que eran empresas que pertenecían a todos los panameños. Imponer un cobro a las empresas usuarias de la fibra óptica, así como canalizar parte de las ganancias de la empresa del canal, todo para fortalecer el fondo de reservas de pensiones, entre otras medidas. Todavía no se conocía la propuesta del gobierno-Mon.
Dos cosas puntuales también contienen la propuesta de CONUSI. Que no se le cobre a los jubilados el 6.75% por Enfermedad y Maternidad, ya que su condición de jubilados debe hacerles merecedores de su atención médica gratuita, máxime que esta es una responsabilidad del Estado con todos los panameños. Esto supondría un aumento inmediato a las pensiones de los jubilados en ese mismo porcentaje. Además, que en el caso del XIII mes, existen dos opciones. Actualmente se paga cuota para el programa de IVM pero dicho aporte no cuenta como cuota para cubrir el mínimo requerido para la jubilación. Se pagan 13 meses pero se consideran solo 12 para las pensiones. Si esto continúa, nuestra propuesta es que no se cobre tal aporte a los trabajadores, pero que si se cobra, se cuente como cuota aportada para su jubilación. Pero, la actual condición no es justa para el trabajador.
CONUSI solicitó a la OIT que corriera en su modelo actuarial el siguiente escenario: Mantener la participación de los salarios en el PIB al menos al nivel actual de 22.7%. Esto supone que los salarios promedios crezcan al mismo ritmo que la productividad del trabajo. Mantuvimos el PIB real asumido por la OIT de 4.5% pero señalamos que la inflación considerada de 0.5% estaba subestimada, y sugerimos un 2% de inflación, considerando el comportamiento histórico. Así, el PIB corriente debía ser 6.5%. Mantuvimos el aporte de la propuesta del gobierno-Mon, de 1.17%, aunque, además de ser extraño tal porcentaje (por qué no 1.5% o 2%?), consideramos que al menos debe ser del 2%. Pero el escenario solicitado mantuvo la propuesta del gobierno-Mon. También se ajustó el PIB corriente considerando la serie 2018, y por tanto, que el dato de 2023 del PIB corriente correspondiera al del INEC.
La corrida se hizo en dos partes. La primera con todas las variables excluyendo la participación de los sueldos y salarios ajustada a 22.7% en el horizonte hasta 2095. El resultado se muestra en la gráfica siguiente.
Sin considerar la distribución del ingreso, el modelo actuarial de la OIT, con el escenario del gobierno-Mon y la propuesta de CONUSI, unificando las pensiones en el Sistema Solidario, el cual paga mejores pensiones, como se mostró anteriormente, expresa que las reservas para el 2095 sumarían 2.45 billones de balboas.
Luego se añadió el supuesto que los salarios crecieran al mismo ritmo que la productividad del trabajo, de manera que a largo plazo, al menos la participación de los salarios en el PIB se mantuviera en 22.7%, es decir, al nivel de 2023. El resultado se muestra en la siguiente gráfica. No obstante, conviene recordar que nuestro planteamiento es que esta distribución del ingreso ya es profundamente desigual debido a que el modelo económico neoliberal había disminuido tal participación desde 1992, cuando los salarios registraban el 42.5% del PIB, y por el contrario, había aumentado la parte de las ganancias de 24.5% a 63.5% para el mismo período, por lo que, la política económica, la reorientación del modelo económico, debe posibilitar que esta participación de los salarios mejore en el tiempo, a favor de los trabajadores.
El resultado es que las reservas mejoran significativamente y las pensiones mejorarían debido a que los salarios de los trabajadores serían más altos.
COMENTARIO FINAL
Todo lo expuesto previamente ha sido ignorado, por simple afán de promover la privatización del sistema de pensiones, y complacer el sector empresarial, que como lo ha reiterado el señor José Raúl Mulino, su gobierno, según el mismo definió, es de empresa privada. Aclaramos que esto no es nuevo. Todos los gobiernos han sido de empresa privada, pero al menos no lo han gritado a cuatro voces.
Seguir sustentando que la única propuesta viable y buena, que no contiene “locuras” es la del Ejecutivo-Mon, (MM-Mulino-Mon) es un total absurdo. Aquí mostramos evidencias actuariales con un modelo independiente, que no es el caso del modelo utilizado por el señor Dino Mon, así como las inconsistencias de la propuesta contenida en el proyecto de ley 163, que sustentan la conveniencia de revertir el sistema de pensiones hacia el Sistema Solidario (SEBD). Pero cuando se afirma, como hizo el señor Mulino en una de sus conferencias, que había presentado “un proyecto coherente y bueno, siempre es necesario preguntarse, ¿bueno para quiénes? Para el capital financiero sin duda lo es, pero no para los trabajadores y trabajadoras, y por tanto, tampoco para el desarrollo nacional y social. Por ello han afirmado que el proyecto de ley se lo presentaron a los organismos internacionales y que lo vieron con “buenos ojos”, organismos que representan al capital financiero. Incluso lo hicieron antes de llevarlo a la Asamblea Nacional.
Sin duda, los diputados tienen una enorme responsabilidad con el país, con la mayoría del país, los trabajadores y trabajadoras, con los más humildes, los excluidos de siempre, y es esto lo que garantizará cualquier gobernabilidad. Se trata de comprometerse con un Sistema de Seguridad Social Solidario, que responda a las necesidades de la población y no que proteja los negocios e intereses de los grupos empresariales. Se trata de comprometerse con una visión solidaria de país negando el individualismo extremo de “sálvese quien pueda”, donde impere la ley de la jungla, la ley del más fuerte, la ley del poder económico.
Ciertamente cada uno asumimos nuestra responsabilidad histórica y seremos responsables de nuestras decisiones: estamos a favor del pueblo panameño o a favor de los grupos empresariales, del capital financiero nacional e internacional. No hay otras opciones. Está en juego el futuro de los panameños, pero no en el sentido que el presidente Mulino habla, con amenaza y chantaje, sino en cuanto al nivel de vida de las generaciones presentes y futuras.
Marco Andrade
Secretario General
CONUSI
Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente