El presidente José Raúl Mulino presentó su primer informe de gestión ante la Asamblea Nacional de Diputados. Su discurso fue la culminación de un proceso bochornoso de manipulación y chantaje polÃtico para imponer una junta directiva afÃn al proyecto de gobierno. El pueblo panameño fue testigo de las burdas y maniobras que sectores allegados al Poder Ejecutivo llevaron a cabo para lograr su objetivo, una presidencia legislativa subordinada al Ejecutivo.
Lo anterior, ya de por sà cuestionable sobre todo porque el Ejecutivo fue derrotado en esa elección, se agrava cuando el presidente intenta, en su informe a la nación, proyectar la imagen de un gobierno que combate la corrupción, reduce el tamaño del Estado y prioriza la transparencia, Sin embargo, los hechos, las cifras y la vida diaria de la población panameña contradicen tajantemente ese relato.
Los datos oficiales retratan un paÃs sumido en una de las peores crisis institucionales, polÃticas, económicas y sociales de su historia. El desempleo ronda el 14%, sin que exista una polÃtica de generación de empleo; mientras tanto, la informalidad laboral alcanza el 51.1%, lo que significa que más de la mitad de los trabajadores sobrevive sin protección social ni derechos laborales. El endeudamiento público supera los 50 mil millones de dólares, comprometiendo seriamente el futuro económico del paÃs.
El discurso del presidente colisiona con otra verdad innegable, la criminalización de la protesta social y el uso sistemático de la represión como polÃtica de Estado. En medio del rechazo ciudadano a reformas impopulares como la de la seguridad social, la firma del Memorándum de Entendimiento con los Estados Unidos y los intentos por reactivar la minerÃa, más de 1,500 personas han sido detenidas en manifestaciones durante el primer año de gobierno.
A esto se suma el uso ilegal e indiscriminado de la violencia por parte de miembros de la Fuerza Pública, quienes no solo violan garantÃas constitucionales como la libertad de expresión, reunión y protesta, sino que incurren en tratos crueles y degradantes, allanamientos sin orden judicial, aislamiento de detenidos y el uso de escopetas de perdigones y armas de fuego, prohibidas por normativas nacionales e internacionales para el control de protestas.
El discurso presidencial fue pronunciado apenas 24 horas después del vencimiento del estado de sitio en la provincia de Bocas del Toro, medida utilizada por el Ministro de Seguridad como telón de fondo para ejecutar una represión salvaje y desproporcionada, en el marco de la llamada Operación Omega, participaron más de 2,500 efectivos en medio de un apagón digital que impidió conocer la magnitud real de los abusos, la suspensión de garantÃas constitucionales durante 10 dÃas dejó múltiples denuncias por golpizas, detenciones arbitrarias y otros excesos inaceptables.
En su informe, el presidente omitió por completo cualquier mención a la persecución y criminalización de sindicatos, movimientos sociales y estudiantiles, también ignoró la existencia de presos y asilados polÃticos, como si estos fueran meras invenciones, la realidad es clara, la represión no es un error ni un exceso aislado, es una polÃtica de Estado diseñada para acallar el descontento ante un modelo que excluye y oprime a las mayorÃas.
Mientras el pueblo exige justicia social en las calles, el gobierno responde con leyes que benefician a los sectores económicos que históricamente han saqueado al paÃs, es el caso de la Ley 462, cuyo verdadero propósito es financiero, orientado a agradar a los grupos financieros y a las calificadoras de riesgo, que hoy parecen ser las únicas asesoras del Ejecutivo en materia económica.
También resulta indignante la forma en que el presidente abordó el Memorando de Entendimiento con Estados Unidos, omitiendo su verdadero contenido y objetivos, este acuerdo que permite la presencia de personal militar y equipos estadounidenses en suelo panameño, también compromete la neutralidad del Canal de Panamá, viola la Constitución y principios esenciales de soberanÃa e independencia nacional, pero lo más grave es que con ello, Panamá se convierte en un peón dentro del tablero geopolÃtico de Washington, renunciando a toda polÃtica exterior soberana y alineándose ciegamente con los intereses estadounidenses en la región, especialmente en su disputa a nivel global.
La pregunta que hoy nos hacemos todos los panameños es inevitable
¿Hacia dónde va nuestro paÃs con un gobierno como el de Mulino?
La respuesta es clara y hay que tomar conciencia de ello, estamos ante un modelo autoritario, represivo y entreguista, que persigue, silencia y criminaliza toda disidencia social, mientras subordina nuestra soberanÃa a intereses extranjeros, en este contexto, el discurso de Mulino no es más que una farsa, una puesta en escena que insulta la inteligencia del pueblo panameño y busca maquillar un régimen de saqueo, represión y entrega nacional, por lo tanto, recae sobre el pueblo panameño, sobre los sectores verdaderamente democráticos y sobre los luchadores sociales la responsabilidad histórica de enfrentar este modelo autoritario. Solo mediante la organización, la movilización consciente y la construcción de unidad popular, podremos impedir que el futuro de la nación quede secuestrado en manos de un seudo dictador.