Señor
Procurador
Luis Gómez Rudy
La Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (CONUSI) se dirige a usted, con el debido respeto, en nuestra condición de organización representativa de los trabajadores panameños, con el propósito de expresar nuestra profunda preocupación frente a lo que consideramos una grave y peligrosa ruptura del Estado de Derecho en la República de Panamá.
Dicha situación se ha visto agravada por los recientes acontecimientos en los que amplios sectores de la población han sido objeto de actos de represión ilegal por parte del Órgano Ejecutivo, a través de sus fuerzas de seguridad, mediante la implementación de una política sistemática de criminalización de la protesta social.
Frente a este escenario, solicitamos que, en cumplimiento de sus funciones constitucionales y legales, el Ministerio Público, bajo su dirección, actúe con objetividad, independencia y apego al marco jurídico nacional e internacional de los derechos humanos, garantizando la protección efectiva de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Instamos a que se adopten las medidas necesarias para el cese inmediato de todas las prácticas que constituyan violaciones a estos derechos, y exhortamos a que esta situación sea de conocimiento del pueblo panameño y de la comunidad internacional, en aras de salvaguardar la institucionalidad democrática y el respeto a las libertades públicas.
Asimismo, queremos expresarle que, como organización representativa de los trabajadores, y en aras de la restitución del orden legal y democrático en el país, consideramos necesario poner en su conocimiento nuestra preocupación por la actuación del Órgano Ejecutivo, el cual a través de la instrumentalización del Ministerio Público, estaría incurriendo en una indebida interferencia y utilización de la justicia penal como mecanismo de persecución política en contra de dirigentes sociales, sindicales, campesinos, indígenas y estudiantiles.
Dicha práctica constituye una grave vulneración a los principios constitucionales y convencionales de legalidad, imparcialidad e independencia judicial, pilares fundamentales de todo Estado democrático de derecho.
Consideramos oportuno poner en contexto las razones que fundamentan nuestras preocupaciones, señalando, a modo ilustrativo, algunos hechos concretos que evidencian la necesidad de que la actuación del Ministerio Público se ajuste a los principios de objetividad, imparcialidad y legalidad, y que restablezca la confianza ciudadana en sus funciones institucionales.
Entre los hechos más alarmantes que denunciamos se encuentran los siguientes:
- La represión violenta ocurrida en la provincia de Bocas del Toro, que incluyó detenciones arbitrarias, allanamientos ilegales, uso excesivo de la fuerza y tratos crueles, inhumanos o degradantes contra miembros de la población civil e indígena.
- Las agresiones perpetradas contra comunidades originarias, como el caso de Arimae, donde se cometieron violaciones masivas a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Estos hechos comparten un denominador común que sustenta esta comunicación, la falta de acción investigación oportuna y con resultados por parte del Ministerio Público a pesar de las múltiples denuncias presentadas por ciudadanos, organizaciones de derechos humanos e incluso por la Defensoría del Pueblo, dicha omisión refleja la ausencia de investigaciones serias, independientes y diligentes sobre los abusos cometidos por agentes del Estado.
Preocupa particularmente la existencia de un patrón de conducta institucionalizado en el que la Fuerza Pública ejerce una discrecionalidad arbitraria al decidir qué personas detenidas son puestas a disposición del Ministerio Público, ocultando así sus propias actuaciones abusivas, esta práctica revierte los roles procesales, convirtiendo a las víctimas en investigadas y a los agresores en denunciantes; Tal proceder niega el acceso efectivo a la justicia y perpetúa la impunidad, especialmente cuando el Ministerio Público se deja instrumentalizar para la ejecución de estas acciones contrarias al Estado de Derecho.
Los casos de mayor gravedad y urgencia, en materia de persecución política y sindical, que exigen atención inmediata por parte de la Procuraduría general de la Nación, son los que afectan a los dirigentes del Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), en ese sentido, presentamos formalmente nuestra denuncia y manifestamos profunda preocupación por la detención arbitraria y la persecución judicial en curso contra los señores Genaro López, Saúl Méndez (actualmente en condición de asilo), Erasmo Cerrud (asilado) y Jaime Caballero.
Estas detenciones, carentes de fundamento legal y motivadas políticamente, encuentran su origen en declaraciones y acciones públicas del propio Presidente de la República, quien ha expresado de manera reiterada su intención de debilitar y neutralizar al movimiento sindical panameño, en especial contra SUNTRACS, por lo que lamentamos que el Ministerio Público se haya prestado a ejecutar esta agenda autoritaria, vulnerando no solo el derecho a la libertad personal, sino también el ejercicio pleno de la libertad sindical, en abierta contravención de los convenios internacionales ratificados por Panamá.
Cabe destacar que el Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al conocer denuncias y quejas sobre el caso SUNTRACS, ha advertido expresamente al Estado panameño sobre la necesidad de garantizar la libertad y la integridad física de los dirigentes sindicales mencionados. No obstante, dichas recomendaciones no han sido acatadas, situación que agravó aún más el escenario internacional de Panamá, al punto de que el país fue incluido entre los 24 Estados señalados como violadores de los derechos sindicales durante la 113ª Conferencia Internacional del Trabajo.
Además, expresamos nuestra profunda preocupación por el accionar del Contralor General de la República, quien junto a la Ministra de Trabajo, Jakeline Muñoz, se ha convertido en un operador político contra el movimiento sindical panameño, esta persecución se materializa en la suspensión arbitraria e ilegal de los fondos destinados por ley a la formación y educación sindical, negando a las organizaciones su legítimo derecho a fortalecer capacidades en beneficio de la clase trabajadora. En lugar de respetar estos derechos, se han iniciado auditorías selectivas y dirigidas con el único propósito de fabricar supuestas irregularidades que justifiquen investigaciones penales y alimenten la campaña antisindical del Ejecutivo.
Alertamos que el Ministerio Público no debe prestarse a esta vil cruzada contra las libertades democráticas. Por ello, hacemos un llamado directo al Procurador General de la Nación para que respete la libertad sindical y en consecuencia basado en la independencia institucional, proceda con celeridad a investigar las denuncias ya presentadas por CONUSI, contra la Ministra de Trabajo, Jakeline Muñoz, quien ha vulnerado la Constitución y la ley en perjuicio de los trabajadores organizados.
Lamentablemente, hasta la fecha, dichas investigaciones avanzan con una lentitud injustificada que nos genera seria desconfianza sobre la voluntad real de hacer justicia.
Por todo lo anteriormente expuesto, reiteramos nuestra profunda preocupación y formal denuncia respecto a la actuación del Ministerio Público, y en consecuencia, solicitamos que su gestión se ajuste estrictamente a los mandatos constitucionales y a los principios de legalidad, imparcialidad y objetividad que rigen la función pública. Exigimos de su parte y de su administración una actuación inmediata, independiente y respetuosa del orden jurídico vigente.
En tal sentido, demandamos:
- La apertura urgente de investigaciones exhaustivas contra todos los responsables de abusos y violaciones a los derechos humanos ocurridos en Bocas del Toro, Arimae y demás regiones afectadas.
- El cierre inmediato de todos los procesos judiciales infundados y políticamente motivados en contra de dirigentes sociales y sindicales.
- La liberación inmediata de todas las personas detenidas por razones de naturaleza política.
- El respeto absoluto al derecho de libertad sindical, al ejercicio legítimo de la protesta social y a las garantías constitucionales reconocidas a toda la ciudadanía.
Mediante esta comunicación, la CONUSI deja constancia de su posición histórica de rechazo categórico a toda forma de represión estatal, por lo que exigimos que se respete el derecho del pueblo panameño a organizarse, manifestarse y luchar por justicia, dignidad y equidad. Panamá no puede ni debe retroceder hacia esquemas autoritarios incompatibles con el Estado democrático de derecho.
Hoy más que nunca, la unidad, la firmeza y la solidaridad resultan indispensables para salvaguardar la libertad sindical y la plena vigencia de los derechos humanos.
CONUSI
Marco Andrade
Secretario General