RESPUESTA DE CONUSI A LA PRETENCIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAJA DEL SEGURO SOCIAL DE IMPONER MEDIDAS PARAMÉTRICAS AL SISTEMA DE PENSIONES, POR VÍAS ADMINISTRATIVAS

Desde mayo del presente año, diversas organizaciones sociales se manifestaron en las calles en protesta por la situación agobiante a la que ha estado y continúa estando sometido, el pueblo panameño, agravándose sus condiciones materiales de vida. Incluso durante la pandemia, el movimiento social hizo acciones de protesta. Se produjo un estallido social como resultado del hastío de la población por la indiferencia de quienes gobiernan y por la arbitrariedad de los patrones que se aprovecharon de la pandemia para cercenar, aún más, los derechos de los trabajadores, con la complacencia del gobierno y las autoridades del Ministerio de Trabajo. Este movimiento social resultó en la instauración de la Mesa Única de Penonomé, produciéndose la convergencia de grupos sociales aglutinados en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, de la cual CONUSI forma parte, ANADEPO y el Bastión de Lucha del Oriente Chiricano y la Comarca Gnobe Buglé.

La conformación de esta Mesa Única, no fue una dádiva del gobierno, sino fue resultado de la lucha férrea del movimiento social. En ella se lograron algunos acuerdos que el movimiento social está dispuesto a defender, con todas sus fuerzas. Sobre la Caja del Seguro Social (CSS), se llegaron a algunos acuerdos con el gobierno nacional, entre ellos, “no establecer las medidas paramétricas (aumento de la edad de jubilación, aumento de cuota, aumento de la densidad, aumento de los años de referencia para el cálculo de la pensiones, disminución de la tasa básica de referencia) en el Programa de IVM”. (Acuerdo No.3) Igualmente, el gobierno se comprometió a “redefinir el componente de las transferencias del Estado que garantizarán la sostenibilidad a largo plazo” (Acuerdo No.4, para solo mencionar algunos.

Además de lo anterior, hubo un compromiso del gobierno y la administración de la CSS de impulsar un verdadero diálogo sobre la CSS, en el que participaran todos los sectores, con igualdad de condiciones, quienes eligirían el facilitador, la metodología y los criterios de la toma de decisiones. El primer paso de este compromiso lo fue la cortesía de sala que se solicitó a la Junta Directiva, donde expusimos, como parte de las Alianzas que conformamos la Mesa Única de Penonomé, nuestros criterios sobre el mencionado diálogo.

Considerando lo anterior, mal podría hacer CONUSI en someterse a criterios formales, administrativos, de la Junta Directiva de la CSS, de pretender imponer medidas paramétricas al Sistema de Pensiones y de pretender profundizar su privatización. Este es un TEMA NACIONAL, que no puede abrogarse una Junta Directiva, controlada por los intereses de los empresarios y de los gobiernos, a cuyas decisiones, lamentablemente, algunos representantes de los sectores sociales, también terminan avalando.

No obstante, aprovechamos la coyuntura para reiterar nuestra posición sobre el tema de la seguridad social, la cual exponemos seguidamente.

Es necesario subrayar que la CSS es la primera institución de atención de salud, en la cual reciben atención más de 90% de la población, incluyendo los no asegurados que también son atendidos en centros de la Institución, con lo cual, todos los gobierno han hecho recaer en los asegurados la responsabilidad de atención de la salud de todos los panameños, cuando esta es una responsabilidad del Estado. No bastando con esto, se ha pretendido expulsar del sistema a los beneficiarios, parientes del asegurado. Sobre seguridad social se ha impuesto un discurso mediático que busca justificar las medidas neoliberales a la CSS. Se trata de un proceso sistemático que ha estado dirigido a cercenar derechos de los asegurados, así se imponen las reformas.

Los problemas que afectan a la CSS, por ende, a los asegurados, no son solo de carácter financiero-actuarial y de gestión, reduccionismo que quieren imponer los grupos pro privatización. Los problemas son más profundos; son de carácter estructural; se vinculan al modelo económico neoliberal, concentrador de la riqueza, excluyente y promotor de la desigualdad social, lo cual se acentúa con los atracos que se han cometido contra la institución, tanto quienes han gobernado el país, como por quienes han administrado la CSS, así como por el sector de la empresa privada que sistemáticamente, evade el pago de las cuotas de los trabajadores, e incluso le roba la parte que pagan los trabajadores. Quienes han administrado la CSS han apadrinado la evasión, porque ella sigue galopante, así como el robo a los trabajadores al permitir la morosidad de los dueños de las empresas, y luego, de un plumazo son borradas de los libros de contabilidad. Actualmente los miembros del CONEP adeudan a la CSS casi 300 millones de balboas, de cuotas retenidas de los trabajadores y que no entregan a la institución, con el daño consecuente en la atención en salud y en las pensiones.

Es conocido que el problema más serio en la actualidad, lo confronta el llamado “Subsistema Exclusivo de Beneficio Definido”. La causa del deterioro acelerado de las reservas está en la confabulación que hicieron el gobierno, la empresa privada y otros sectores, en el Pacto de Gamboa, en 2005. La propuesta que impusieron fue la del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), que promovió la privatización de los fondos y el sistema de cuentas individuales. Con ello se cerró la entrada de ingresos al Subsistema de Reparto Definido (2008), y existiendo solo gastos, obviamente, las reservas se agotarían en algún momento. Si esta fue la decisión política de quienes administraban el Estado en ese momento, prohijada por el CONEP, debieron prever los fondos para pagar las pensiones cuando las reservas se agotaran, pero no era esa la intensión. El propósito era hacer recaer en los asegurados los costos de tal nefasta decisión. En aquél momento lo advertimos y denunciamos, y terminamos retirándonos del mal llamado diálogo donde se fraguó el complot contra los trabajadores.

Desde la toma de posesión de la administración Cortizo, la Junta Directiva y la Administración de la CSS, se han dado a la tarea de descapitalizar aún más los fondos de la CSS, deshaciéndose de activos, y se han rehusado a exigirle al gobierno nacional que haga frente a los déficits del Subsistema de Reparto Definido, dado que fue su insensata decisión de 2005, lo que ha acelerado el desastre; es decir se trata de una “crisis provocada” por el sector privado y el gobierno. Ahora, la Junta Directiva, siguiendo la misma dirección contra los trabajadores, pretende tomar DECISIONES ADMINISTRATIVAS, que apuntan a aumentar la edad de jubilación, reducir las pensiones, aumentar las cuotas y los porcentajes a pagar por los trabajadores, y a privatizar las pensiones, cumpliendo aquella consigna de 2005 de “Trabaje más y muérase rápido”. Una práctica totalmente inhumana. Contrariamente, se trata de un TEMA NACIONAL, en el cual, la ciudadanía exige al gobierno y al CONEP se hagan responsables del desastre que produjeron con el Pacto de Gamboa, fraguado en el 2005, contra los trabajadores.

La base de la seguridad social se corresponde con los condicionantes que hacen la vida saludable, en ellos la generación de empleos dignos y salarios justos, aspectos que en el conjunto social están siendo reducidos ante la prevalencia del mercado.
Alejamiento de la política de seguridad social del mundo del trabajo (poco crecimiento del empleo formal y bajos salarios).
La política económica neoliberal ha tomado la seguridad social como uno de los derechos humanos a desmantelar.
Los gobiernos post invasión, pero sobre todo con la Ley 51 (2005), se trastocó la lógica de solidaridad intergeneracional y del sistema de reparto (cierre a partir del 2008 de la principal fuente de ingresos del programa: cuotas).
La Caja, también ha sido asaltada por gobiernos y empresarios (corrupción).

El resultado de ello, es el evidente deterioro de la atención a los asegurados y sus beneficiarios (mora quirúrgica, desabastecimiento de medicamentos, insuficiencia de camas, limitados médicos por especialidad, demora excesiva para otorgar cupos de atención médica o para exámenes especializados, insuficiencia de equipos técnicos, etc.), ello, en el marco del Programa de Enfermedad y Maternidad. Igualmente se imponen mayores exigencias para acceder a las pensiones/jubilaciones, aquí las recurrentes medidas paramétricas (aumento de edad, aumento de cuotas, de densidad, del número de años para el cálculo del salario promedio que referencia el monto de la pensión, y disminución de la tasa básica de referencia), como resultado de ello, las bajas pensiones (44% de los pensionados viven en pobreza) y el peligro de perdida de las mismas, además de la reducción de la calidad de vida de los jubilados.

Por ello siempre hemos insistido en que el problema es estructural y no solo financiero-actuarial como pregona el FMI, actuarios, empresarios, gobierno, partidos políticos tradicionales y seudo independientes. Hemos demostrado que los problemas de la Caja no se resuelven sino se considera, tanto la estructura económica del país y los determinantes sociales de la salud. Con firmeza, rechazamos la filosofía “del trabajo a la tumba”, “trabaje más y muérase rápido”, que pregonan los grupos privatizadores.

En este sentido, nuestra propuesta es integral:

Es necesario cambiar el modelo económico, haciendo énfasis en la actividad productiva, que genera empleos permanentes y con salarios dignos.
El Estado debe ser activo regulador de la actividad económica, en una economía donde la norma es la existencia del monopolio y el oligopolio, que imponen precios, hacen acaparamiento y desabastecimiento, y ejercen prácticas de especulación, en contra del consumidor.
El Estado debe ser el soporte principal para garantizar el pago y aumento de las jubilaciones y pensiones, reafirmando la necesidad de la solidaridad en las pensiones y rechazo a la privatización de las mismas (cuentas individuales),
Es necesario fortalecer la autonomía de la institución,
Reafirma la necesidad de la solidaridad en las pensiones y rechazo a la privatización de las pensiones (cuentas individuales),
Rechaza la fragmentación de la Caja y la privatización de sus servicios,
Rechaza las medidas paramétricas y la privatización de los ingresos de la CSS.

Asimismo, se plantea la urgente necesidad de adecentar la Caja, es decir, acabar con todo vestigio de corrupción, y su utilización como botín político y agencia de empleo de diputados y de altos funcionarios del gobierno. Terminar con el desabastecimiento de medicamentos y el negociado de la mafia farmacéutica, frenar la alta mora quirúrgica, la larga espera para pruebas de laboratorios y citas con especialistas que promueven la llamada tercerización (privatización) que favorece a hospitales, farmacias, laboratorios y clínicas privados. Igualmente, una real solución a los problemas de la CSS, demanda aumento del salario de los trabajadores del sector público y privado.

Expuesto lo anterior, advertimos que la Junta Directiva podrá tomar todas las decisiones que deseen, con el VOTO EN CONTRA de nuestra representación, pero de hacerlo, tengan la seguridad que nos encontrarán en la calle luchando junto al pueblo por mejores pensiones y mejor atención de salud, y en contra de las pretenciones del CONEP y el gobierno de privatizar y pauperizar las pensiones de los asegurados.

Llamamos a los trabajadores y al pueblo en general a declararnos en estado de alerta en defensa de la seguridad social.