Panamá, 16 de septiembre de 2024.
Lic.
José Raúl Mulino
Presdente de la República de Panamá
E. S. D.
Señor Presidente.
En carta fechada el 10 de septiembre de 2024 y firmada por el Ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, se ha convocado a nuestra Confederación a la “primera reunión de la Mesa de Conversación con miras al proceso de reformas a la Caja de Seguro Social”, a celebrarse en el salón Paz de la Presidencia de la República, hoy lunes 16 de septiembre a las 9 de la mañana. Esta reunión se celebra luego de varias reuniones sostenidas por el presidente Mulino con distintos sectores de la sociedad.
Hemos decidido asistir atender la invitación de la reunión de hoy para dejar sentadas algunas preocupaciones sobre la misma.
El presidente ha elegido el lugar, seleccionado los participantes y se ha autodesignado como el director o facilitador de esa “conversación”, sin tomar en cuenta el parecer u opinión de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS), en la que participan representantes del Gobierno, de los empresarios, gremios médicos y organizaciones de trabajadores del país. Dos funcionarios de su Gobierno, Fernando Méndez Peralta, viceminstro de Vivenda, y Camilo Valdés, Director de la Dirección General de Ingresos (DGI), fueron integrantes de esa Junta Drectiva hasta hace muy pocos meses.
La Caja de Seguro Social es una entidad autónoma. Su Ley orgánica establece: “La Caja de Seguro Social es una entidad de Derecho Público, autónoma del Estado, en lo
administrativo, funcional, económico y financiero; con personería jurídica y patrimonio propio”. El enfoque que se viene dando a esta “conversación” y otras medidas adoptadas recientemente, a nuestro juicio, riñen con lo contemplado legalmente.
Estamos asistiendo a esta primera reunión sin conocer ciertamante quiénes ni cuántos son los invitados, la metodología, ni la forma en que se tomarán las decisiones. Al circunscribirse a una simple conversación, pareciera que se trata de una mera consulta donde al final será el Ejecutivo el que tomará las decisiones lo cual nos preocupa profundamente porque voceros del Gobierno, entre ellos el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y el Director de la CSS que tomará posesión el 1 de octubre, Dino Mon, ya han señalado aspectos privatizadores como las llamadas cuentas indviduales, tercerización de los servicios de la salud, elevar el ITBMS de 7% al 10%, nuevas medidas paramétricas que incluyen aumento de la edad de jubilacion de mujeres y hombres, incremento del monto mensual de la cuota obrera y la cantidad necesaria para jubilarse y disminución de las pensiones. De imponerse esta medida se afectan especialmente a las mujeres y a los jóvenes que sufren mayormente el desempleo, la informalidad y los bajos salarios y se les condena a vivir una vejez en la miseria.
Es evidente la exclusión de importantes actores, entre ellos, gremios docentes, de trabajadores de la salud, sindicatos y otras organizaciones gremiales, entre otros, que representan a los miles y miles de asegurados, principales afectados o beneficados de las medidas que se adopten.
Lo que sí se sabe con certeza es que todos los gremios empresariales estarán representados, al igual que los partidos tradicionales y los llamados “independientes” que responden a los mismos intereses, y que no solo participarán de la mesa de esta “conversación”, sino que lo harán también con sus respectivos diputados a la hora de decidirse finalmente en la Asamblea la ley que se aprobará. Hablamos de los mismos grupos que, desde sus Gobiernos, utilizaron la Caja de Seguro Social como caja menuda, que han saqueado la institución, que han provocado desabastecmiento y la mala atención a los asegurados para favorecer a reconocidos grupos económicos y justificar la privatización en varias modalidades, y que han sido responsables de la corrupción y del robo que lamentablemente usted y el nuevo Director de la CSS, ya han desestimado como problema a resolver en lo inmediato.
Desde la Presidencia se ha reclamado que las propuestas que se presenten deben tener sustento económico que las hagan viables. Todas las propuestas que ya hemos presentado en la Presidencia y en la Asamblea tienen sus respectivos sustentos y estamos dispuestos con nuestro equipo técnico a demostrarlo, pero al final, ¿quién define la viabilidad?
Lo que nosotros proponemos, como lo hicimos en 2021 y 2022, es un verdadero diálogo que debe contemplar lo siguiente: Un diálogo de cara al pueblo que sea transmitido por televisión y en un lugar al que tengan acceso la polación por lo que no debe ser la Presidencia, participantes en igualdad de condiciones: sector informal y pobladores, trabajadores organizados, trabajadores de la salud y gremios médicos, trabajadores de la CSS, jubilados y pensionados, grupos magisteriales, empleados públicos, empresarios, pequeños empresarios, universidades, mujeres, juventud, campesinos, pueblos originarios, afrodescendientes, y otros grupos humanos que sufren exclusión por distintas razones. Rechazamos que, violando la autonomía de la Caja, sea el Ejecutivo el que decida quiénes participarán y además imponga plazos fatales: conversaciones en septiembre y octubre y sesiones extraordinarias en la Asamblea para que se debate y aprueben las reformas en fiestas patrias y Navidad y Año Nuevo, es decir, noviembre y diciembre.
Preocupa, también, que al margen de la institución autónoma que es la CSS, el Ejecutivo está tomando decisiones sobre el Programa de Enfermedad y Maternidad y el tema no se incluya en la llamada mesa de conversación.
Además, se escuchan otra vez voces propugnando por la reapertura de la mina como parte de las salidas a la problemática de la CSS, ignorando la gesta patriótica del pueblo de 2023 y el fallo de inconstitucionalidad contra el leonino contrato minero entre el Estado y First Quantum Minerals (FQM). Aumentan las sospechas ante los decretos de tres ministerios (Presidencia, Ambiente y Comercio e Industrias), con ministros y viceministros vinculados a familias con intereses en el proyecto minero y a banqueros, bufetes de abogados y empresarios pro mina, que declaraban reservada la información sobre los procesos de arbitraje presentados contra la República de Panamá. Ante el reclamo ciudadano, usted se vio obligado a ordenar su urgente derogación.
Consideramos que las decisiones sobre la CSS, punto fundamental, deben ser por consenso, no por mayoría o por una fracción “x” de los participantes. Todos deben estar de acuerdo.
El coordinador y/o facilitador debe definirse democráticamente entre los participantes y por consenso, así como la metodología, el período de reuniones, entre otros.
El diálogo en mención no puede atentar contra el carácter público y solidario de la CSS; ni impulsar su privatización ni la de sus fondos. Proponemos unificar el sistema soolidario con el llamado cuentas indviduales. Que lo que aportan al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) los patrones que es el 4.25%, al menos se erquipare al 9.25% que pagamos los trabajadores.
Debe excluirse cualquier tipo de medidas paramétricas (aumento de la edad de jubilación, aumento de cuota, densidad y reducción de la tasa básica de reemplazo) y debe ofrecer un plan para mejorar los rendimientos de inversión de los fondos de la CSS. Deben entregarse los estados financieros debidamente auditados y con información real y precisa y deben revisarse los parámetros actuariales.
Debe fortalecerse la autonomía de la CSS que está siendo desconocida y, por ende, rechazar el fraccionamiento y debilitamiento de la CSS por el interés del sector privado de asumir el control de la institución.
No puede pedirse más sacrificios al pueblo trabajador y a los asegurados que ya han visto morir a familiares y compañeros víctimas del envenenamiento masivos con dietilenglicol, por bacterias en los nosocomios, muertes de neonatos, desabastecimiento de medicamentos, mora quirúrgica, falta de camas y sillas de ruedas en los hospitales y cuartos de urgencia, atraso en las citas médicas y exámenes de laboratorios.
Tiene que garantizarse un combate frontal a la corrupción, a la evasión y retención de cuotas por parte de empresarios y contra el negociado de medicamentos, insumos y equipos. Debe surgir un plan para la recuperación de cuotas retenidas y robadas. Si esto no se hace el Estado debe reponer dichos fondos a la CSS y aplicar sanciones
ejemplares a evasores y corruptos. Deben saldarse las cuantiosas deudas del Gobierno y la empresa privada con la institución. Debe darse además un aporte especial del Estado a la CSS, dado que la institución le correspondió cargar con la crisis sanitaria durante la pandemia de COVID-19 y se vió despojada de cuotas como consecuencia de decisiones del pasado Gobierno durante ese periodo.
Debe aprovecharse un espacio así, para ofrecer jubilaciones especiales a trabajadores que, por el desgaste físico y afectaciones de salud producto de las condiciones actuales de trabajo, les será difícil alcanzar las cuotas necesarias para jubilarse, por los contratos de trabajo suspendidos durante la pandemia, muchos de ellos no renovados, que les arrebataron cuotas fundamentales para lograr su jubilación. Y debe asegurarse que, de forma paulatina y programada, todos los trabajadores puedan jubilase con su último salario, tal cual lo hacen, entre otros, los comisionados de la Policía Nacional y no con el 60% como ocurre actualmente y peor, con menos del 40% como sería con las cuentas individuales, tal como lo señaló el informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), lo que ha obligado que en otros países se retorne al sistema solidario.
Debe surgir de este espacio propuestas dirigidas a establecer políticas de generación de empleos permanentes, salarios justos y promover sectores generadores de empleo. No deben crearse nuevos impuestos al pueblo.
Por último, el futuro de la CSS y la propuesta que surja de un verdadero diálogo debe someterse a un referéndum para que sea el pueblo el que decida.
De no cumplirse con estos puntos estaremos ante otro “Diálogo de Yo con Yo” o una “conversación” entre “Yo y Yo”, o sea, un simple monólogo, con medidas ya preconcebidas entre los representantes del Gobierno y de empresarios que, con la complicidad de los sectores venales de siempre, han saqueado históricamente las arcas del Seguro y que en esta fase buscan apoderarse y privatizar los fondos de la institución, fraccionarla en pedazos, debilitar aún más su autonomía y crear las condiciones y los mecanismos para que posteriormente, de forma inconsulta, se adopten medidas paramétricas como el aumento de la edad de jubilación de mujeres y hombres, el incremento de las cuotas y su densidad, tal como lo exigen las instituciones financieras internacionales. Todo esto acompañado de un cerco mediático a las voces críticas y de una campaña orquestada desde los medios de comunicación hegemónicos para infundir terror, miedo y una visión apocalíptica dirigida a darle la estocada final a nuestra principal institución de salud pública y seguridad social.
Atentamente,
Marcos Andrade
Secretario General
CONUSI