Violaciones a la Libertad Sindical y los Derechos Laborales en la Región
El Pilar de los Trabajadores de los Grupos Asesores de Centroamérica y la Unión Europea (DAGs), reunido en San José, Costa Rica, en el marco de las actividades oficiales del Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, expresa su profunda preocupación ante el grave y sostenido deterioro de las condiciones laborales, las violaciones a los derechos sindicales y las restricciones a la libertad de organización que persisten en la región centroamericana.
Los trabajadores organizados de la región denunciamos:
El incremento de las prácticas que restringen o vulneran la libertad sindical, el derecho de organización y la negociación colectiva, en contravención directa a los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y los compromisos establecidos en el Acuerdo de Asociación. Reflejo de esta situación es que varios países de Centroamérica, como Panamá, El Salvador y Honduras, fueron incluidos en la lista de los 24 países señalados a nivel mundial por las graves violaciones a la libertad sindical.
Los casos de persecución, represalias, intimidaciones y criminalización contra líderes sindicales, que socavan los principios democráticos y ponen en riesgo la integridad de quienes defienden los derechos de los trabajadores. En países como El Salvador, se ha reportado el despido masivo de dirigentes sindicales, lo que refleja una preocupante tendencia a silenciar la acción sindical mediante el uso del aparato estatal y la criminalización de las protestas sociales.
Otro ejemplo de esta situación es Panamá, donde se han documentado detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales, procesos judiciales carentes de garantías y medidas administrativas que vulneran la autonomía de las organizaciones de trabajadores. En particular, resaltan los casos del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS) y del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano y Agropecuaria (SITRAIBANA), cuyos principales dirigentes han sido objeto de persecución penal y detenciones, en el marco de una política sistemática de criminalización de la protesta social. Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (MITRADEL) ha impulsado resoluciones orientadas a intervenir en el manejo de las cuotas sindicales y a restringir el acceso de los sindicatos a sus propios fondos, lo cual constituye una clara violación de los principios de libertad sindical consagrados en los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
A ello se suma la existencia de dirigentes sindicales refugiados en embajadas, a la espera de los correspondientes salvoconductos para su asilo político en países como Nicaragua y Bolivia, lo que evidencia el nivel de persecución y hostigamiento contra el movimiento sindical en la región.
Asimismo, se denuncia la existencia de actos de tortura contra manifestantes en la provincia de Bocas del Toro, desapariciones forzadas, tratos crueles y degradantes, la suspensión de garantías constitucionales y el uso desproporcionado de la fuerza pública, lo que ha resultado en la lamentable pérdida de vidas humanas, incluyendo niños y adultos, durante las recientes jornadas de represión.
Igualmente, preocupante es la negativa sistemática del Gobierno de Panamá, a través de MITRADEL, de entregar los fondos destinados a la formación y capacitación sindical de las centrales obreras del país, incumpliendo la normativa nacional y compromisos internacionales, afectando gravemente el fortalecimiento de las capacidades de los trabajadores organizados.
Aunado a lo anterior, la proliferación de formas de contratación precaria en la región, como la subcontratación abusiva y los contratos temporales sin garantías, continúa deteriorando la estabilidad laboral, los salarios y las condiciones de vida de la clase trabajadora. Este tipo de modalidades, cada vez más generalizadas en sectores estratégicos, profundizan los niveles de informalidad, debilitan la negociación colectiva y generan un clima de inestabilidad que afecta de manera directa a toda la región.
En este contexto, preocupa la falta de avances sustantivos en el cumplimiento de los compromisos en materia de desarrollo sostenible y respeto de los derechos laborales, lo que compromete la credibilidad y eficacia del Acuerdo de Asociación, y obstaculiza la construcción de sociedades más justas, equitativas y sostenibles en Centroamérica.
Por tanto, el Pilar de los Trabajadores:
Reafirma su compromiso con la defensa de la libertad sindical, el derecho de los trabajadores a organizarse, a negociar colectivamente y a participar activamente en los procesos institucionales vinculados al Acuerdo de Asociación.
Exige a los gobiernos de la región el cese inmediato de toda práctica que atente contra los derechos sindicales y laborales, garantizando entornos seguros, democráticos y respetuosos de los derechos humanos.
Solicita a la Unión Europea y a los órganos de seguimiento del Acuerdo de Asociación que den prioridad a la vigilancia y verificación del cumplimiento de los compromisos laborales y de desarrollo sostenible asumidos por los Estados de Centroamérica.
Hace un llamado a los sectores sociales y a la comunidad internacional a mantenerse vigilantes y solidarios con las luchas de los trabajadores por la defensa de sus derechos fundamentales, entendiendo que la libertad sindical es una condición indispensable para el desarrollo sostenible, la equidad y la justicia social en la región.
El Pilar de los Trabajadores reitera su voluntad de continuar trabajando de manera proactiva en los mecanismos de diálogo, cooperación y seguimiento establecidos en el Acuerdo de Asociación, en defensa de la dignidad, la democracia y los derechos de la clase trabajadora.
San José, Costa Rica, 26 de junio de 2025
Pilar de los Trabajadores – Grupos Asesores de Centroamérica y la Unión Europea