En un país donde las instituciones están siendo duramente cuestionadas, no nos sorprende el fallo de la Juez Primera Liquidadores de Causas Penales, Águeda Rentería Sánchez, y la actuación del Fiscal «Anticorrupción», Edwin Juárez Duarte, en representación del Ministerio Público, contra el reconocido dirigente de CONUSI y ex secretario general, Gabriel Castillo.
Este fallo tiene razón de ser en virtud de los mismos objetivos que en 2010 perseguía la entonces ministra de Trabajo y hoy llamada a juicio por enriquecimieto ilícito, Alma Cortés, en plena lucha contra la ley Chorizo y otras medidas del gobierno de turno contra los trabajadores: chantajear, intimidar y amedrentar. No lo lograron aquella vez y no lo lograrán ahora que nos preparamos para defender los intereses de la clase trabajadora en defensa de la seguridad social, de los derechos laborales y por el respeto a los acuerdos de la Mesa Única de Penonomé.
En este caso, Gabriel Castillo fue sobreseído, funcionarios de la Contraloría reconocieron que no había dolo en la compra de unos útiles de oficina por lo que se abrió el caso y la documentación requerida se presentó.
No obstante, el Ministerio Público siguió adelante con los propósitos ya descritos.
Se ha violado el debido proceso pese a que la Jueza conocía de la admisión de un amparo de garantías en espera de resolución, presentado por los abogados de otros acusados.
Es el mismo Ministerio Público que se ha negado a investigar nuestras denuncias contra la mafia empresarial, por ejemplo, en el caso de la venta de arroz de primera subsidiado como especial y el cierre de farmacias y desabastecimiento de medicamentos para no venderle al pueblo medicinas a precios más accesible.
Hablamos de un Ministerio Público, cuya inoperancia ha permito la liberación de los facsinerosos, Alexis Jiménez y Manuel Murillo, quienes durante los hechos de julio impidieron, arma en mano, en Tolé, el paso de una caravana humanitaria con alimentos a la ciudad de Panamá, amenazando de muerte a compañeros y atentando contra la salud de la población.
Es ese Ministerio Público el mismo que le hace los mandados a los gringos.
No permitiremos que se mancille el nombre de un distinguido dirigente y luchador de probada solvencia moral y larga trayectoria.
Recurriremos a todas las acciones legales que corresponda, a la denuncia nacional e internacional, a la movilización y a la lucha sin desviarnos un solo ápice de la senda que recorremos en pro de la justicia social para el pueblo.
Dado en Panamá a los 25 días del mes de noviembre de 2022.